Revés judicial para Florencia Arietto: Ordenan reincorporar a trabajador despedido en logística Gemez

La justicia nacional ordenó este martes la reincorporación “inmediata” de un trabajador de la empresa de logística Gemez SA despedido de manera arbitrataria, en el marco de una ola de desvinculaciones marcadas por la persecusión sindical.

La empresa que tiene sede en el barrio porteño de Barracas fue instada a reincorporar al trabajador David Aramayo, que habían sido despedido por la gerencia de la firma, la cual al mismo tiempo fue denunciada por hostigamiento y “aprietes” a los empleados.

Cabe recordar que los trabajadores apuntaron contra el propietario de la empresa Luis Frassia, que acompañado por la abogada e integrante de Juntos por el Cambio, Florencia Arietto, inició un juicio por desafuero al delegado del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA) con mandato vigente, Facundo Monzón. 

En ese momento, le impidieron el ingreso a la empresa a pesar de que una medida cautelar había autorizado el regreso a su puesto de trabajo. Y en ese contexto, se produjo el despido de David Aramayo, paritario del SEAMARA, y, semanas más tarde, otro trabajador que participa en la actividad sindical, según informaron.

Las denuncias por persecución gremial y acoso laboral fueron impulsadas por la Agrupación «21 de diciembre» del SEAMARA, que tiene como principal referente a Fernando Perrone.

Ahora el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 16 ordenó la reincorporación de Aramayo, dando lugar a la medida cautelar solicitada por el trabajador “disponiendo que Gemez SA proceda a reincorporarlo en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que se desempeñó hasta el despido comunicado el 16 de diciembre de 2022”.

Esto está dispuesto a que se cumpla en 24 horas, estableciendo que por cada día de retraso al cumplimiento de lo dictado por el Juzgado, la empresa deberá pagar 10.000 pesos por día.

La iniciativa contempla una gradualidad en la reducción de jornada, la que pasará a 40 horas en el plazo de cinco años, pasando de 45 a 44 horas al primer año de publicada la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año. Estos son los plazos máximos considerados, pues cualquier empleador que quiera anticiparse puede hacerlo sin esperar la gradualidad.