La CGT y el decreto de Milei: “Es un intento de aniquilar la organización de trabajadores”

Al calificarlo como un “intento de aniquilar la organización de las y los trabajadores”, la CGT de Mar del Plata salió a repudiar el decreto firmado por el presidente Javier Milei con el que insiste en limitar el derecho a huelga para múltiples sectores. “Representa un retroceso institucional de gravedad para el movimiento obrero argentino”, plantearon.

La reacción de la CGT Mar del Plata a través de un comunicado fue emitida después de que este miércoles a través del decreto 340/25 el gobierno de Javier Milei aprovechara para no solo avanzar en desregulaciones y limitaciones para los trabajadores e industrias del sector portuario sino también para insistir con limitar el derecho a huelga para otros múltiples sectores, imitando parte de lo que la Justicia ya le frenó de su primer “decretazo”.

Es que el decreto emitido incluyó reformas laborales a la ley 25.877 que afectan no solo a personal embarcado: insiste con la redacción del artículo 97 del decreto 70/2023 que fue frenado por la Justicia y retomó la declaración de “servicios esenciales” para determinados trabajos y la de “importancia trascendental” para otro grupo que, de esa forma, pasarán a tener fuertes límites al momento de hacer paros: los primeros deberán garantizar el 75% de la prestación normal del servicio y, los segundos, el 50%.

Desde la central obrera marplatense consideraron que el decreto representa “un retroceso institucional de gravedad para el movimiento obrero argentino” y definieron: “Bajo el pretexto de una supuesta autonomía sindical, ponen en peligro el funcionamiento democrático y la capacidad de representación de los sindicatos”.

En esa línea, apuntaron contra la incorporación de figuras como la de “actividades de importancia trascendental”: indicaron que se trata de “un concepto ajeno al marco normativo argentino y a los estándares internacionales, que restringe el derecho constitucional a la huelga”.

“Estas disposiciones criminalizan las medidas de acción sindical legítimas, habilitan sanciones administrativas y disciplinarias sin intervención judicial previa, con el claro objetivo de despojar a los sindicatos del respaldo institucional mínimo necesario para sostener su rol frente a los abusos del capital y de un Estado cuyo régimen es el disciplinamiento social“, acusaron.

De hecho el comunicado se tituló con un repudio a lo que la central conducida por José Luis Rocha llamó un “intento de aniquilar la organización de las y los trabajadores”.

Así, la central rechazó el “nuevo intento de adoctrinar a la sociedad, demonizar la organización y socavar la democracia, para construir una colonia sobre las ruinas de nuestra patria”.