Hacia una Justicia Social Global: el papel fundamental de la Organización Internacional del Trabajo

El Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y miembro del Consejo de Administración de la OIT, Gerardo Martínez, durante la última reunión del Consejo Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), colocó sobre la mesa un punto que estimamos central: “La justicia social debe ser el principio rector, el faro que guíe las políticas de la Organización Internacional del Trabajo, y debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda global. En un mundo donde las desigualdades socavan la dignidad humana y amenazan la estabilidad, es imperativo que abordemos estas disparidades con determinación y compromiso”.

El planteo hace eje en la focalización, la priorización de la estrategia para garantizar políticas activas y no eternizar las discusiones teóricas; la necesidad de avanzar en soluciones concretas para frenar la desigualdad creciente, frenar el retroceso de la cobertura de los programas de seguridad social; y discutir de una vez por todas, una política de justicia fiscal global capaz de financiar pisos de protección social y acciones de mitigación de los impactos del cambio climático.

Martínez sostuvo, asimismo, que “es fundamental distinguir entre los objetivos principales y los complementarios”. No se trata de restar importancia a ninguno, sino de establecer prioridades claras para evitar la dilución de nuestros esfuerzos. La justicia social no puede ser una mera añadidura a nuestras políticas laborales; debe ser el núcleo mismo de nuestro enfoque, el principio sobre el cual construimos un futuro más equitativo y sostenible.

En coincidencia con este planteo, entendemos que se debe resignificar el mandato ideológico de la OIT ampliando la dimensión social. En este momento histórico debemos reafirmar con vehemencia que el trabajo no es una mercancía y que su protección constituye un derecho humano fundamental, pero también debemos poner en primer plano otro de los aspectos del mandato de la OIT el cual consagra que “la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos”[1], definición política que se conecta directamente con el concepto básico del constitucionalismo social el cual sentencia que «la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y duradera»[2]. Resulta sorprendente la actualidad de estas definiciones ya centenarias, cuando hace apenas unas semanas el Secretario General de Naciones Unidas expresó que “nuestro mundo ha entrado en una fase de caos”[3].

El diálogo social emerge como una herramienta poderosa en la búsqueda de soluciones inclusivas y duraderas. Sin embargo, el diálogo solo no es suficiente; se necesitan políticas activas respaldadas por un financiamiento adecuado a nivel global y una gobernanza progresista dispuesta a tomar un nuevo rumbo.

Garantizar la justicia social a escala mundial no es una tarea fácil, pero es indispensable si aspiramos a una paz universal duradera. Solo a través de un compromiso sincero con la equidad, la solidaridad y la cooperación podemos construir un mundo donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y contribuir al bien común.

El escenario global no se presenta amigable para adoptar posturas a favor de los sectores que más sufren. La fase de financiarización del capitalismo ha extremado las condiciones de desigualdad social y construyó las condiciones necesarias para que irrumpan en el escenario político las expresiones de extrema derecha que potencian la xenofobia, los discursos de odio, el negacionismo de la ciencia, y pretenden minimizar el rol del Estado.

La gobernanza global transita momentos de incongruencia extrema, y mientras el Director General de la OIT llama a las organizaciones sindicales, empresarias, sociales, instituciones académicas, y a los principales líderes del mundo a constituir una “Coalición Mundial para la Justicia Social” que será lanzada en Ginebra en el próximo mes de junio[4]; el presidente argentino declara que la Justicia Social es «aberrante» y según sus palabras: «justicia social es robarle a alguien para darle a otro, un trato desigual frente a la ley, que además tiene consecuencias sobre el deterioro de los valores morales al punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de saqueadores»[5]. Sabemos que este pensamiento no corresponde solamente al extravagante presidente del fin del mundo, sus palabras podrían ser suscriptas por Trump, Bolsonaro, Elon Musk y muchos políticos emergentes y empresarios inescrupulosos que recorren el camino de la extrema derecha.

Durante la Jornada por la Integración realizada en Foz de Iguazú[6], el Secretario General de la CSA, Rafael Freire, se expresó contundentemente sobre las consecuencias del escenario actual y la necesidad de generar rápidamente una política alternativa y contrahegemónica, señalando que “estamos en un dilema civilizatorio: ¿vamos a retroceder como civilización o vamos a superar esta crisis y construir algo diferente? No está en juego solo el modelo económico, están en juego los derechos conquistados a lo largo de décadas”.

Es urgente un despertar del movimiento social y la construcción de una alianza fuerte entre el sindicalismo sociopolítico, el feminismo, los defensores del medio ambiente, y los frentes políticos populares en base a un proyecto de gobernanza global y regional capaz de dar respuestas a las demandas populares enmarcado en el respeto a la democracia, la pluralidad de ideas, y la búsqueda de la igualdad. Es en este marco de colaboración y acción concertada que la OIT debe liderar el camino hacia un futuro más justo y humano. A medida que enfrentamos los desafíos del siglo XXI, recordemos siempre que la justicia social no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para la realización plena de la humanidad.