El Concejo Deliberante buscará declarar esenciales a los municipales

La Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante convocada para este 2 de mayo, precisamente un día después del Día Internacional de los Trabajadores, con un debate donde el oficialismo pondrá en tensión el derecho constitucional a la huelga. En la convocatoria girada este lunes a los siete integrantes de la comisión, su presidenta Florencia Ranellucci incorporó dentro del temario el expediente 1412/24 con el proyecto de ordenanza que apunta declarar “de carácter esencial todas las tareas realizadas por empleados/as sujetos/as al régimen de empleo público del ámbito municipal y funcionarios públicos municipales, tanto de la administración centralizada como de los distintos entes municipales”.

El proyecto fue formalmente presentado por Ejecutivo el 15 de abril, aunque el intendente Guillermo Montenegro lo había anunciado públicamente el viernes 12 de abril en su primera conferencia de prensa del año. Según el Artículo 2°, la declaración de esencialidad implica que los municipales “no podrán llevar adelante medidas que impliquen la suspensión o interrupción de las mismas”, por lo que no solo incumbe a los paros, sino también a otras medidas menos contundentes, como la retención de tareas. Incluso, hasta comprendería a acciones sindicales como las asambleas por sector en horario laboral.

El expediente deberá pasar por cuatro comisiones, la de Ambiente, Educación, Salud -presidida por el kirchnerismo- y Legislación.

En el orden de lo político, una clave será el posicionamiento del bloque de la Unión Cívica Radical, desde donde al momento no se expresaron al respecto. La presidenta del Concejo Deliberante, la radical Marina Sánchez Herrero, estuvo presente en la conferencia de prensa donde Montenegro hizo el anuncio, aunque evitó dialogar con la prensa.

“Los empleados públicos por el solo hecho de ser empleados públicos tienen un privilegio, la estabilidad. El 90% del empleo en Mar del Plata es privado y eso significa que carecen de ese privilegio. Ese 10% de personas tienen un privilegio, que se lo deben a un derecho constitucional y tienen una responsabilidad y es que tienen que trabajar. Esto no tiene que ver con que no se pueda generar una discusión paritaria”, señaló Montenegro en aquella ocasión.

Por su lado, el STM rechaza de plano la propuesta y focaliza en su presunta inconstitucionalidad, debido a que el Artículo 14° bis de la Constitución Nacional consagra el derecho a la huelga. “Una ordenanza no puede estar por encima de la Constitución Nacional” remarcan, donde además apuntaron que “ni Milei se animó a tanto”. La referencia es a que el DNU 70/23 buscaba limitar el derecho a huelga, estableciendo pisos de servicio que los trabajadores debían garantizar en ciertas actividades. En el caso de Montenegro, directamente se trata de una prohibición absoluta de la huelga, incluyendo a todas las actividades de la administración pública.