ANÁLISIS Y OPINIÓN

Columna de opinión de la Asociación Judicial Bonaerense por el día del trabajador

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Cada 1ro. de Mayo los y las trabajadoras debemos reflexionar sobre nuestra realidad laboral particular en su ineludible interacción con la actualidad política provincial, nacional e internacional que necesariamente atraviesa a nuestro ámbito de trabajo sectorial, que es el Poder Judicial de la Provincia de Buenos cuyo presente no escapa a la situaciones que atraviesan los distintos poderes judiciales provinciales y federal.

En un momento donde se clama por una profunda reforma judicial con perspectiva de género tenemos que comenzar analizando desde donde partimos para tener claro los desafíos presentes y futuros y las batallas gremiales que debemos dar las y los Judiciales.

Una reforma estructural del Poder Judicial es una materia pendiente en nuestro país desde la recuperación de la democracia en 1983. Con la caída de los regímenes dictatoriales en Latinoamérica el Departamento de Estado norteamericano rápidamente mostró su interés en los poderes judiciales del continente y emitió en el año 1.988 el documento Santa Fé 2; donde plasmó la necesidad estratégica de trabajar sobre los poderes judiciales de las incipientes democracias por considerarlos junto a las fuerzas armadas como estructuras institucionales menos permeables a los cambios electorales y de esa forma consolidar su influencia e intereses en la región y promover el libre comercio.
Este objetivo se complementa con las expresiones vertidas por el Director del Departamento Jurídico de IDEA y ejecutivo de ESSO en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 29/09/2000 cuando pidió terminar y flexibilizar la estabilidad de los y las trabajadoras judiciales para fijar un sistema donde pueda elegirse a los mejores, y explicó la necesidad de someter al poder judicial a los parámetros de la actividad privada para bajar los costos del sistema y hacerlo mas eficiente y previsible. En síntesis, un poder judicial que asegure en sus sentencias los intereses políticos y económicos de los centros de poder mundial y local funcionando con una planta de trabajadores y trabajadoras precarizadas para bajar el costo laboral y contribuir a achicar el gasto público; y ese dinero que “se ahorran” destinarlo seguramente al pago presente o futuro de deuda contraída con organismos internacionales de crédito.

Los perfiles técnicos de los magistrados que necesitan ese poder judicial para cumplir esos objetivos políticos vienen definidos y contenidos en el paquete de reformas judiciales promovidas esos mismos organismos (BID, Banco Mundial etc.) acompañados por créditos sin reembolso para los países que llevan a la practica esas reformas, y prevalecen de facto en los procesos de selección de jueces, fiscales, defensores oficiales, asesores de incapaces de todas las instancias como en los procesos de juicio político de las y los mismos cuando se pretende destituirlos por causales de mal desempeño, delitos dentro o fuera de sus funciones etc., con honrosas excepciones.

Bajo ese marco político, la crisis de infraestructura que afecta al poder judicial por efecto de la falta de presupuesto junto a la depreciación de los salarios de los y las judiciales a consecuencia del alza del costo de vida sumado al fuerte endeudamiento externo. son variables de política económica general que aceleran el proceso de precarización de nuestras condiciones de trabajo que ya han sido definido de antemano con o sin crisis económica y que se refleja por ejemplo en la sistemática negación de todos los gobiernos junto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de garantizar la plena y efectiva vigencia del derecho a la negociación colectiva en nuestro sector aún bajo un estado de democrático de derecho.

Frente a esas definiciones, la AJB a base de organización y lucha ha defendido con éxito junto a Sindicatos estatales provinciales hermanos la movilidad jubilatoria que garantiza el Instituto de Previsión Social Bonaerense, ha garantizado que las remuneraciones en su totalidad se integren con salarios básicos y gratificaciones remuneratorias y bonificables; ha logrado también tener en nuestro ámbito licencia por violencia de género, la implementación del cupo travesti-trans, el respeto del cupo y la obtención de la jubilación con el máximo cargo del escalafón de los compañeros ex combatientes de Malvinas, como así también la destitución o renuncia de magistradas y magistrados acusados de violencia laboral y en casos aunada a violencia de género; y se logró en la reforma constitucional de 1994 ser incluida con vos aunque sin voto aún en el proceso de selección de magistrados y magistradas entre otras tantas conquistas.

Aun frente la adversidad y con objetivos pendientes el saldo es altamente positivo, seguiremos apostando a la lucha por defensa de la dignidad y el bienestar de los y las compañeras judiciales y de la clase trabajadora para lograr tener mas temprano que tarde, una justicia al servicio del pueblo.

¡Felíz Día para todas y todos los trabajadores!

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