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Baradel en la OIT: “La justicia social no es una aberración, es una condición para la democracia”
(Enviados especiales desde Ginebra) El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA y referente de la CTERA expuso en la CIT las consecuencias del ajuste del gobierno argentino sobre el sector educativo. Denunció la eliminación de derechos, la persecución sindical y la imposición de reformas sin diálogo con los docentes.

Durante la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, participó del debate sobre el informe del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos, y denunció ante la comunidad internacional las violaciones a los derechos laborales y educativos en Argentina bajo el actual gobierno nacional.
Baradel, titular del SUTEBA bonaerense, advirtió que “el respeto a los derechos fundamentales de los docentes —incluido el derecho de huelga— es una condición indispensable para una educación de calidad”. En línea con el informe del Comité, señaló que en muchos países estos derechos son sistemáticamente vulnerados: se restringe el diálogo social, se niega el derecho a la protesta y se erosiona la libertad académica.
El dirigente de CTERA denunció que en Argentina “la ofensiva del gobierno nacional contra los derechos laborales avanza por múltiples frentes”. Mencionó los despidos masivos en el sector público y los intentos de desmantelar la normativa laboral a través de decretos de necesidad y urgencia. También apuntó contra la represión a las protestas y la criminalización de la protesta social.
Ataques a la huelga docente y vaciamiento de la paritaria nacional
Baradel explicó que, si bien algunas de estas medidas fueron frenadas por la justicia gracias a presentaciones realizadas por las centrales sindicales con apoyo internacional, el Ejecutivo “sigue insistiendo”. “El objetivo es claro: disciplinar al movimiento obrero y acallar toda forma de resistencia”, afirmó.
Cuestionó además el reciente decreto 341/2025, que elimina la participación del Estado nacional en la Paritaria Nacional Docente. Según Baradel, esta medida “representa un ataque frontal al derecho de negociación colectiva”, ya que transfiere la discusión al Consejo Federal de Educación y a los gremios, mientras la Secretaría de Educación se reserva el poder de aprobar o rechazar acuerdos por motivos presupuestarios.
También criticó la intención del gobierno de declarar a la educación como servicio esencial, con el fin de limitar el derecho de huelga. “Pero deja de ser esencial cuando recorta el presupuesto educativo y los salarios, como hizo con el Fondo Nacional de Incentivo Docente”, remarcó Baradel, aludiendo a la contradicción del discurso oficial.
Por último, alertó sobre el avance de reformas educativas sin la participación activa del sector docente, y reclamó el cumplimiento de las recomendaciones de 1966, 1997 y del Grupo de Alto Nivel de la ONU/OIT/UNESCO/IE. “Limitar el derecho de huelga de los docentes y no cumplir con estas recomendaciones vulnera en esencia el diálogo social y, en consecuencia, la democracia”, sostuvo.
El dirigente cerró su intervención con una definición contundente: “La justicia social no es una aberración, como lo sostiene el actual gobierno argentino. Es condición sine qua non, junto a la paz, la libertad y la democracia, para construir un mundo digno de ser vivido por todas y por todos”.