ANÁLISIS Y OPINIÓN
El conflicto entre el gobierno de Alfonsín y el Movimiento Obrero Argentino
Por Emmanuel Bonforti*
“La Unión Cívica Radical se funda en ese malentendido, o por mejor decir, descansa en esa contradicción que define al movimiento desde su origen; mitrismo o nacionalismo, transigencia o intransigencia, dilema que ha subsistido hasta nuestros días y que pone al desnudo la naturaleza contradictoria de nuestra clase media, y la laboriosa gestación que sufre en sus entrañas la burguesía industrial. El radicalismo admitió siempre en los hechos esta dualidad. Oligarquía y revolución nacional, clericalismo y liberalismo.”
Jorge Abelardo Ramos
Alfonsín como expresión de la dualidad radical
Los que recuperamos la importancia de los Movimientos Nacionales y su aporte al desarrollo de la Comunidad Nacional consideramos al radicalismo un espacio político central pero hacemos una salvedad: la progresividad del radicalismo acaba con la desaparición física de su máximo caudillo. El radicalismo, en tanto partido que representó los intereses populares nace, se desarrolla y muere en el ciclo político de Hipolito Yrigoyen. Casi cincuenta años dedicados a una nueva forma de hacer política y a una comprensión de la realidad criolla diferente a la de sus antecesores fueron el plus de la figura del máximo caudillo que tuvo la Argentina hasta la llegada de Juan Domingo Perón.
Dicho esto, el radicalismo transitó luego de 1933 (año del fallecimiento de Yrigoyen) un largo camino que lo alejó de las problemáticas reales y de los sectores trabajadores, estableciendo alianzas con espacios ajenos a las banderas de soberanía que levantaba el propio Yrigoyen. Los principales referentes políticos con el advenimiento del peronismo quedaron empantanados en posiciones antipopulares que en muchas ocasiones los llevaron a tomar opciones, inclusive antidemocráticas, como por ejemplo las colaboraciones con sectores militares en los diferentes golpes de Estado, a partir de 1955.
Alfonsín, sin proponérselo, fue hijo de esa tradición histórica sujeta a la tensión entre lo nacional y lo antinacional con el agravante de su profundo rechazo a las organizaciones gremiales durante su presidencia.
Asunción y principales preocupaciones
Alfonsín, desde el inicio, fue devoto de las formas institucionales. En él se sintetizaba la recuperación de la línea histórica Mayo-Caseros y al posicionarse en este último episodio histórico dejaba en claro su desprecio por el rosismo y el mundo criollo. La implicancia de ésto derivó en la confianza a ciegas de la Constitución 1853. Esta última fue un proyecto de organización nacional de características liberales que estructuró a las instituciones en nuestro país hasta la actualidad, con la excepción del breve interregno 1949-1956.
Alfonsín fue la expresión del tipo ideal, aquel que las instituciones liberales consideran el político correcto y honesto pero detrás de ésto, aparece el registro de la ideología, lo que en lenguaje de la filosofía política es “falsa conciencia”. Esto es el encubrimiento de los verdaderos motivos que representan intereses concretos.
Llegado el caso, el formalismo liberal o el mundo de los buenos modos de las elites urbanas siempre encerraron la motivación por mantener sus privilegios materiales. Esto último no significa ubicar a Alfonsín como defensor y como una expresión de una clase que pretende mantener privilegios. Sin embargo, el hombre de Chascomús representó a un político radical confundido por la tensión de origen que dio nacimiento al partido, mitrismo o nacionalismo; tensión que posteriormente adquirió la nominación de “antiperonista” o en los sectores populares el equivalente a “gorila”.
El temita de que con la democracia se come, se educa y se cura.
Es imposible no dimensionar la particular coyuntura que debió enfrentar el gobierno electo en 1983 pero la historia le reserva lugares privilegiados a aquellos que en la adversidad lograron revertir la inercia de la desigualdad. Claro está que Alfonsín y el alfonsinismo hicieron un culto del posibilismo y de la correlación de fuerzas.
Motivado por la centralidad de los derechos humanos, dentro de las primeras medidas se derogó la ley de Amnistía que favorecía el silencio y la complicidad de los círculos militares en relación a sus crímenes. En su esencia radical le dio un lugar importante a la universidad, sobre todo a la UBA; propuso el retorno al gobierno tripartito, algo que desde lo formal guarda un tinte democrático pero en la práctica real sirvió para sostener privilegios de pequeños sectores en las casas de estudio. En cuanto a medidas progresivas propuso el reemplazo de la Doctrina de Seguridad Nacional, una forma de romper con la injerencia norteamericana y su influencia en la estructura militar. Además impulsó la subordinación militar al poder civil. En esa línea propició la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, instancia fundamental para investigar la desaparición de personas.
Todas estas medidas contemplaron paulatinamente el regreso de la dimensión de ciudadanía en materia de derechos pero sin embargo, omitían que la principal motivación de la dictadura tenía que ver con la desestructuración de una Argentina industrial y obrera. Dicho ésto, el nuevo gobierno nunca se propuso modificar las reformas estructurales regresivas de la dictadura ni alterar el ritmo de la política de endeudamiento externo. En este orden de circunstancias se observan señales de una recuperación de la democracia con un perfil de mercado y ajuste pero, sobre todas las cosas, antinacional ya que el flamante gobierno no se proponía un proyecto de país autónomo sino la permanencia en un modelo de país tutelado por intereses ajenos.
Movimiento obrero: ¿el desencuentro principal o los pelos del gorila?
Desde la campaña electoral Alfonsín había denunciado lo que para cierto sector del radicalismo significaban las prácticas antidemocráticas de las organizaciones gremiales. En tal sentido y ya una vez en el gobierno el Ministro de Trabajo Antonio Mucci elevó en febrero de 1984 una ley de Reordenamiento Sindical, llamada Ley Mucci. En paralelo, la CGT que se encontraba partida desde la época de la dictadura y, a partir de 1984, avanzó en un proceso de unificación que puso a Saúl Ubaldini como Secretario General. Nos encontramos ante un momento típico de inicio de gestión de un gobierno radical con el deseo de condicionar y debilitar institucionalmente al movimiento obrero organizado. La Ley fue rechazada por escaso margen en el Senado y el episodio significó el inicio de una relación conflictiva, producto de la naturaleza anti obrerista del radicalismo. Envalentonada la CGT pidió al gobierno la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales de la última dictadura. En paralelo, la figura de Mucci había quedado devaluada y Alfonsín se decidió por un peso pesado al interior del radicalismo para comandar la cartera de trabajo: Juan Manuel Casella, quien se animó a decir que si en seis meses no se normalizaba la situación del Movimiento Obrero él iba a dar un paso al costado.
Obviamente nos encontramos ante una disputa por el significado de lo que para Casella y Alfonsín significaba la normalización. Para el Movimiento Obrero implicaba un recorte de atribución y derechos.
Mientras tanto, en una de las tantas crisis económicas, Alfonsín seguía sosteniendo “con la democracia se come, se cura y se educa” pero al Movimiento Obrero ya le había quitado el disfraz al cordero. Los años que restan de gobierno darán cuenta de un nivel en el estado de alerta y movilización por parte de los actores gremiales, pocas veces visto.
Pero algo de ésto iremos desarrollando en próximas intervenciones…
* Columnista de Mundo Gremial. Docente de la materia Pensamiento Nacional y Latinoamericano, Departamento de Planificación y Políticas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)